Hasta el día de hoy, los ingenieros salvadoreños representados por sus asociaciones profesionales, raramente han sido tomados en cuenta al momento de tomar decisiones políticas trascendentales acerca de temas tecnológicos. Como ejemplo podemos mencionar el proceso de desregulación, restructuración y privatización de los sectores electricidad y telecomunicaciones. Las leyes generales de electricidad y telecomunicaciones fueron aprobadas y revisadas, privilegiando de manera evidente los intereses de los operadores privados de los mercados de electricidad y telecomunicaciones, al margen y en no pocas ocasiones en contra de los intereses de la mayoría de consumidores. Las consideraciones técnicas, y las opiniones de los expertos locales casi siempre fueron desechadas, incluso a la hora de diseñar documentos ad-hoc, tales como las normas técnicas, que en el caso de SIGET (Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones) corresponden a la especificidad técnica de los ingenieros electricistas, electrónicos y en telecomunicaciones.
Precisamente durante la fase final del proceso de privatización de las telecomunicaciones, se llegó a un punto muerto a la hora de seleccionar a los representantes de los gremios privados en la comisión que seleccionaría el banco de inversiones que tendría a su cargo la venta de ANTEL. La razón era bastante simple: resultaba casi imposible encontrar candidatos sin conflictos de interés dentro de los gremios del sector privado. Por esa razón, el funcionario a cargo del proceso (que después fue elegido Director Ejecutivo de ANEP), tuvo un acercamiento con ASIMEI (Asociación Salvadoreña de Ingenieros Mecánicos, Electricistas e Industriales) para convencerlos de designar a los dos representantes de gremios privados que faltaban para desentrampar el proceso. Esa fue una maniobra de excepción, ya que era obvio que la figura de representante de gremios privados había sida concebida a la medida de asociaciones como la ANEP, la Cámara de Comercio, o la ASI. El resto es historia, ANTEL se privatizó, y en aquella ocasión el sector privado aplaudió la participación de ASIMEI.
A pesar de todo, se creó un precedente, y siempre que los ingenieros eran considerados "idóneos", la figura de gremios privados fue aplicada para incluir a asociaciones como ASIMEI, y otras afines, para representar a los profesionales de la ingeniería en posiciones que, salvo contadas excepciones, no eran consideradas de importancia estratégica. Bueno, todo esto hasta que en 2010, ASIMEI presentó un candidato para la elección de representante de los gremios del sector privado en la junta de directores de SIGET, y dicha candidatura resultó triunfadora en el proceso presidido por el ministerio de economía. ANEP solicitó y consiguió anular dicho proceso, por considerar que ASIMEI, el IEEE (Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica) y ASIA (Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos) no representan al sector privado, sino a colegios profesionales. Bueno, al menos en ese punto si estamos de acuerdo.
En lo que obviamente no estamos de acuerdo es acerca de qué tipo de representatividad es la adecuada en juntas de directores como la de SIGET. En dicha junta, generalmente se toman decisiones acerca de asuntos relacionados directamente con los temas de energía eléctrica y telecomunicaciones que afectan al consumidor salvadoreño -es decir, nos afectan a todos-. ¿Quién podría estar mejor calificado que un ingeniero competente para opinar con propiedad acerca de temas específicos tales como tarifas, mediciones, efectos biológicos de los campos electromagnéticos, normas técnicas, ancho de banda, potencia radiada promedio, interferencia electromagnética, bandas para uso público, etc? Por otra parte, inclusive el lenguaje de los elementos más simples de estos temas -por ejemplo las unidades básicas tales como kWh, MWh, kW, Factor de Potencia, etc.- puede resultar indescifrables para el lego. Uno puede pensar que hasta el día de hoy los representantes de los gremios privados en juntas de directores como la de SIGET han votado con la misma lógica con que vota la mayoría de diputados en la asamblea legislativa. Esto me recuerda un pasaje del film Farenheit 9/11 de Michael Moore, en que Moore, entrevistando a un congresista de los EE.UU. escucha perplejo cuando este le confiesa que nunca leen las leyes que aprueban. Es decir votan o aprueban las leyes o puntos de la agenda, de acuerdo a lo que los grupos de presión o lobbying, les han dictado. En sistemas de democracia dirigida, como el implantado en El Salvador, la participación de la ciudadanía en el proceso se entiende que está limitada a votar el día de las elecciones. Hasta el día de hoy, la ciudadanía ha estado ausente de las discusiones sobre temas que la afectan directamente, no solo en instituciones como SIGET; sino que en la mayoría de instituciones del sector público. Ese es ni más ni menos el quid de la cuestión.
A pesar de que en el párrafo inicial he mencionado un ejemplo bastante general de lo marginal que ha sido el papel de los ingenieros en el establecimiento de las políticas de estado relacionadas con la tecnología, y lo marginados que han estado los ingenieros en este contexto, intentaré ilustrar este texto con algunos ejemplos más específicos.
La versión original de la ley general de electricidad establecía en uno de sus artículos, que los cargos por uso de red se harían en base a la medición de potencia eléctrica. Cualquier ingeniero competente sabe que los contadores de energía residenciales no miden potencia. Basado en este no tan pequeño detalle técnico, el CDC (Centro para la Defensa del Consumidor) presentó en su momento, un recurso ante la CSJ (Corte Suprema de Justicia) para proteger a los consumidores de un cobro no amparado por la ley. El resultado fue una serie de violaciones a cualquier sistema decente de derecho, que culminó con la modificación del artículo en cuestión. En el fondo del problema está la necesidad de las empresas distribuidoras de recuperar sus inversiones, y esa es la justificación técnico-financiera de las cargos por demanda (uso de red en el marco regulatorio salvadoreño). Es casi seguro que la versión original de la ley general de electricidad fue aprobada en ausencia de ingenieros salvadoreños, es decir fue redactada por abogados. En este caso, el excesivo amor al mercado se convirtió en un elemento de inseguridad jurídica, debido a la ignorancia técnica de los legisladores.
Un último ejemplo -que en nuestro caso se aplica al futuro- lo conocí durante una visita en 2008 a República Dominicana. Una de las empresas eléctricas opera una planta de carbón sin control "estricto" de emisiones en dicho país. El kWh alcanzó precios "de mercado" superiores a los $0.20. Por otra parte, la misma empresa opera una planta de carbón en Puerto Rico, con control estricto de emisiones, y el precio "regulado" del kWh era aproximadamente $0.06 (en 2008). ¿Cual es el origen de esta diferencia? la respuesta es bastante simple: el marco regulatorio. En República Dominicana impera el mismo modelo que en nuestro país; mientras que Puerto Rico, se aplican las regulaciones de la FERC (Federal Energy Regulatory Commission). Para cuando ese futuro -carbón- nos alcance, se requerirá no solo un ente regulador "con dientes", sino también que ingenieros competentes y éticos, representen a sus asociaciones profesionales -y a toda la población- en juntas de directores como la de SIGET.
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Texto escrito originalmente en 2010.
Precisamente durante la fase final del proceso de privatización de las telecomunicaciones, se llegó a un punto muerto a la hora de seleccionar a los representantes de los gremios privados en la comisión que seleccionaría el banco de inversiones que tendría a su cargo la venta de ANTEL. La razón era bastante simple: resultaba casi imposible encontrar candidatos sin conflictos de interés dentro de los gremios del sector privado. Por esa razón, el funcionario a cargo del proceso (que después fue elegido Director Ejecutivo de ANEP), tuvo un acercamiento con ASIMEI (Asociación Salvadoreña de Ingenieros Mecánicos, Electricistas e Industriales) para convencerlos de designar a los dos representantes de gremios privados que faltaban para desentrampar el proceso. Esa fue una maniobra de excepción, ya que era obvio que la figura de representante de gremios privados había sida concebida a la medida de asociaciones como la ANEP, la Cámara de Comercio, o la ASI. El resto es historia, ANTEL se privatizó, y en aquella ocasión el sector privado aplaudió la participación de ASIMEI.
A pesar de todo, se creó un precedente, y siempre que los ingenieros eran considerados "idóneos", la figura de gremios privados fue aplicada para incluir a asociaciones como ASIMEI, y otras afines, para representar a los profesionales de la ingeniería en posiciones que, salvo contadas excepciones, no eran consideradas de importancia estratégica. Bueno, todo esto hasta que en 2010, ASIMEI presentó un candidato para la elección de representante de los gremios del sector privado en la junta de directores de SIGET, y dicha candidatura resultó triunfadora en el proceso presidido por el ministerio de economía. ANEP solicitó y consiguió anular dicho proceso, por considerar que ASIMEI, el IEEE (Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica) y ASIA (Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos) no representan al sector privado, sino a colegios profesionales. Bueno, al menos en ese punto si estamos de acuerdo.
En lo que obviamente no estamos de acuerdo es acerca de qué tipo de representatividad es la adecuada en juntas de directores como la de SIGET. En dicha junta, generalmente se toman decisiones acerca de asuntos relacionados directamente con los temas de energía eléctrica y telecomunicaciones que afectan al consumidor salvadoreño -es decir, nos afectan a todos-. ¿Quién podría estar mejor calificado que un ingeniero competente para opinar con propiedad acerca de temas específicos tales como tarifas, mediciones, efectos biológicos de los campos electromagnéticos, normas técnicas, ancho de banda, potencia radiada promedio, interferencia electromagnética, bandas para uso público, etc? Por otra parte, inclusive el lenguaje de los elementos más simples de estos temas -por ejemplo las unidades básicas tales como kWh, MWh, kW, Factor de Potencia, etc.- puede resultar indescifrables para el lego. Uno puede pensar que hasta el día de hoy los representantes de los gremios privados en juntas de directores como la de SIGET han votado con la misma lógica con que vota la mayoría de diputados en la asamblea legislativa. Esto me recuerda un pasaje del film Farenheit 9/11 de Michael Moore, en que Moore, entrevistando a un congresista de los EE.UU. escucha perplejo cuando este le confiesa que nunca leen las leyes que aprueban. Es decir votan o aprueban las leyes o puntos de la agenda, de acuerdo a lo que los grupos de presión o lobbying, les han dictado. En sistemas de democracia dirigida, como el implantado en El Salvador, la participación de la ciudadanía en el proceso se entiende que está limitada a votar el día de las elecciones. Hasta el día de hoy, la ciudadanía ha estado ausente de las discusiones sobre temas que la afectan directamente, no solo en instituciones como SIGET; sino que en la mayoría de instituciones del sector público. Ese es ni más ni menos el quid de la cuestión.
A pesar de que en el párrafo inicial he mencionado un ejemplo bastante general de lo marginal que ha sido el papel de los ingenieros en el establecimiento de las políticas de estado relacionadas con la tecnología, y lo marginados que han estado los ingenieros en este contexto, intentaré ilustrar este texto con algunos ejemplos más específicos.
La versión original de la ley general de electricidad establecía en uno de sus artículos, que los cargos por uso de red se harían en base a la medición de potencia eléctrica. Cualquier ingeniero competente sabe que los contadores de energía residenciales no miden potencia. Basado en este no tan pequeño detalle técnico, el CDC (Centro para la Defensa del Consumidor) presentó en su momento, un recurso ante la CSJ (Corte Suprema de Justicia) para proteger a los consumidores de un cobro no amparado por la ley. El resultado fue una serie de violaciones a cualquier sistema decente de derecho, que culminó con la modificación del artículo en cuestión. En el fondo del problema está la necesidad de las empresas distribuidoras de recuperar sus inversiones, y esa es la justificación técnico-financiera de las cargos por demanda (uso de red en el marco regulatorio salvadoreño). Es casi seguro que la versión original de la ley general de electricidad fue aprobada en ausencia de ingenieros salvadoreños, es decir fue redactada por abogados. En este caso, el excesivo amor al mercado se convirtió en un elemento de inseguridad jurídica, debido a la ignorancia técnica de los legisladores.
Un último ejemplo -que en nuestro caso se aplica al futuro- lo conocí durante una visita en 2008 a República Dominicana. Una de las empresas eléctricas opera una planta de carbón sin control "estricto" de emisiones en dicho país. El kWh alcanzó precios "de mercado" superiores a los $0.20. Por otra parte, la misma empresa opera una planta de carbón en Puerto Rico, con control estricto de emisiones, y el precio "regulado" del kWh era aproximadamente $0.06 (en 2008). ¿Cual es el origen de esta diferencia? la respuesta es bastante simple: el marco regulatorio. En República Dominicana impera el mismo modelo que en nuestro país; mientras que Puerto Rico, se aplican las regulaciones de la FERC (Federal Energy Regulatory Commission). Para cuando ese futuro -carbón- nos alcance, se requerirá no solo un ente regulador "con dientes", sino también que ingenieros competentes y éticos, representen a sus asociaciones profesionales -y a toda la población- en juntas de directores como la de SIGET.
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Texto escrito originalmente en 2010.
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