Llama poderosamente la atención que a pocos días de la toma de posesión del nuevo gobierno, el ministerio de economía juramenta al Comité Consultivo del Consejo Nacional de Energía, el cual de acuerdo a información conocida a través de los medios, tiene por misión cuidar que se cumplan los objetivos de la política energética nacional. Esto es lo más simpático de toda esta historia. No existe nada ni siquiera remotamente parecido a una política energética de parte del estado salvadoreño. Lo que hemos experimentado durante los 20 años de gobiernos conservadores, apunta exactamente en la dirección contraria, es decir a desmontar la capacidad de intervención del estado en el sector energético. Durante la euforia "neo-con" de los años noventa se repetía hasta la saciedad que "la mejor política en este y en otros sectores es no tener política". Esta retórica se mantuvo intacta hasta que el precio del barril de petróleo alcanzó los $140 en el mercado mundial, y el galón de combustible (gasólina y diesel) sobrepasó los $5 en El Salvador. ¿Entonces, de qué política energética estamos hablando? Si hablamos del brochure de política energética que hizo público el ministerio de economía en mayo 2007, entonces si que se trata de un chiste de mal gusto. En Energías Renovables no explotadas en El Salvador (Eólico , Solar, etc.), este documento resume la política energética a una lista de "buenos deseos", similar a las cartas que los niños escriben a Santa Claus. En el tema de Eficiencia Energética, el documento de política energética del Gobierno de El Salvador carece de metas cuantificables, y más aún, revela el temor de adquirir compromisos verificables. Por otra parte, los proyectos concretos corresponden a hechos consumados que ya existían a la hora de elaborar el documento, como por ejemplo: los dos proyectos hidroeléctricos [los cuales ya formaban parte del portafolio de proyectos de CEL desde hace varios años]; los proyectos de gas y carbón de La Unión; y la Interconexión Centroamericana. Sin embargo, aún en estos casos lo que se propone es más de lo mismo. De los costos de la interconexión ($330 Millones), el sector privado aporta un 25%; y al final se convierten en operadores de la red. Por otra parte, los nuevos proyectos de generación en base a carbón (250 MW) y gas natural (600 MW), ubicados en La Unión, requieren una ampliación local de la red de transmisión [la cual ya fue financiada por el estado]. Estos 2 proyectos, que equivalen aproximadamente a la demanda actual de El Salvador, aparentemente han sido diseñados pensando más en la Integración Energética Centroamericana, que en satisfacer el crecimiento del consumo y de la demanda en El Salvador. Una vez en operación, los ticos y los nicas tendrán energía limpia; mientras que los habitantes de La Unión recibirán dósis personales y colectivas de calentamiento global. Lo peor de todo, es que el costo del kWh en El Salvador puede incluso aumentar.
En el Sector Eléctrico, los resultados de más de una década de desregulación son bastante claros. El costo de la energía (kWh) en el AMSS (Area Metropolitana de San Salvador) para consumidores residenciales, es equivalente al valor promedio de las tarifas eléctricas residenciales en EE.UU. El consumidor promedio [154 kWh] salvadoreño debe pagar el equivalente a 5 días de salario mínimo. En 1994, el Gobierno de El Salvador, preparándose para la restructuración del sector eléctrico [es decir, para vender las distribuidoras], se embarcó en el Programa de Expansión Sector Energía, proyecto de $332 Millones, de los cuales $215 corresponden a un préstamo BID. Los costos anuales de los subsidios en este sector parecen ser del mismo orden de magnitud que el monto que el gobierno de El Salvador recibió por la venta de las distribuidoras, y por otra parte es poco probable que las inversiones realizadas por las distribuidoras [desde la privatización] sean equiparables al monto del Programa de Expansión Sector Energía, financiado por el estado salvadoreño por medio de préstamos internacionales que aún estamos pagando. Por esta razón, es poco sorprendente que la calidad del sistema de transmisión [estatal] sea significativamente superior a la calidad del sistema de distribución [privado].
En resumen, un verdadero mapa de ruta de política energética debería de empezar con el compromiso por parte del ejecutivo de revisar a profundidad el modelo del sector electricidad. No se debe confundir Política Energética con Plan de Negocios, y al parecer el documento de política energética elaborado por el ministerio de economía, a lo sumo llega a borrador de un plan de negocios, bastante malo por cierto. La Real Politik no aparece en ninguna parte de dicho documento, empezando ciertamente por el caso ENEL, continuando con la decisión de concesionar a privados la central El Cimarrón; .... Y por qué no decirlo, la instalación de una planta de carbón en nuestro país, en un momento en que por ejemplo, la administración Obama se opone firmemente a autorizar nuevas centrales de ese tipo en EE.UU. Esas son las verdaderas decisiones de política energética. De eso hay que hablar. Obviamente estos temas no son apropiados para ser tratados por comisiones, ni por comisionados. Especialmente si [algunos de] los integrantes de las comisiones carecen de poder de decisión, o peor aún, si pudieran presentarse situaciones de conflictos de intereses. El tema de la energía no debe permanecer marginado del menú principal de la agenda nacional. Esa, ni más , ni menos, es la herencia que nos quieren dejar.
En el Sector Eléctrico, los resultados de más de una década de desregulación son bastante claros. El costo de la energía (kWh) en el AMSS (Area Metropolitana de San Salvador) para consumidores residenciales, es equivalente al valor promedio de las tarifas eléctricas residenciales en EE.UU. El consumidor promedio [154 kWh] salvadoreño debe pagar el equivalente a 5 días de salario mínimo. En 1994, el Gobierno de El Salvador, preparándose para la restructuración del sector eléctrico [es decir, para vender las distribuidoras], se embarcó en el Programa de Expansión Sector Energía, proyecto de $332 Millones, de los cuales $215 corresponden a un préstamo BID. Los costos anuales de los subsidios en este sector parecen ser del mismo orden de magnitud que el monto que el gobierno de El Salvador recibió por la venta de las distribuidoras, y por otra parte es poco probable que las inversiones realizadas por las distribuidoras [desde la privatización] sean equiparables al monto del Programa de Expansión Sector Energía, financiado por el estado salvadoreño por medio de préstamos internacionales que aún estamos pagando. Por esta razón, es poco sorprendente que la calidad del sistema de transmisión [estatal] sea significativamente superior a la calidad del sistema de distribución [privado].
En resumen, un verdadero mapa de ruta de política energética debería de empezar con el compromiso por parte del ejecutivo de revisar a profundidad el modelo del sector electricidad. No se debe confundir Política Energética con Plan de Negocios, y al parecer el documento de política energética elaborado por el ministerio de economía, a lo sumo llega a borrador de un plan de negocios, bastante malo por cierto. La Real Politik no aparece en ninguna parte de dicho documento, empezando ciertamente por el caso ENEL, continuando con la decisión de concesionar a privados la central El Cimarrón; .... Y por qué no decirlo, la instalación de una planta de carbón en nuestro país, en un momento en que por ejemplo, la administración Obama se opone firmemente a autorizar nuevas centrales de ese tipo en EE.UU. Esas son las verdaderas decisiones de política energética. De eso hay que hablar. Obviamente estos temas no son apropiados para ser tratados por comisiones, ni por comisionados. Especialmente si [algunos de] los integrantes de las comisiones carecen de poder de decisión, o peor aún, si pudieran presentarse situaciones de conflictos de intereses. El tema de la energía no debe permanecer marginado del menú principal de la agenda nacional. Esa, ni más , ni menos, es la herencia que nos quieren dejar.
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